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El precio de la auditoría energética cae un 80% y se esperan fraudes
Publicado el 09/06/2016


Los precios de las auditorías energéticas se están hundiendo; las rebajas llegan al 80 por ciento, alcanzando un nivel en el que no se pueden hacer correctamente. Además, los mecanismos de comprobación de la veracidad de los datos aportados tras haber pasado la auditoría todavía no están nada claros y dependerá de las comunidades autónomas. En el sector se teme que las auditorías, como ha ocurrido con los certificados energéticos de los edificios, sirvan para muy poco.

El Ministerio de Industria calculaba, en la memoria del Real Decreto 56/2016, que auditar una industria rondaría los 18.700 euros, una constructora unos 10.200, un comercio unos 6.000 y un servicio unos 3.000. Pero la realidad va por otro lado.

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Francisco Espinosa, socio director de la Asociación de Consumidores de Electricidad (ACE), lo denuncia: "hay ofertas de auditorías no presenciales por 180 euros y por 900 euros si son detalladas; una auditoría que antes exigía 300.000 euros, ahora puede costar unos 50.000, un 80 por ciento menos".

Otras fuentes del sector corroboran sus palabras y comentan el enfado de las grandes auditoras por el hundimiento de los precios y por el modo en que la calidad de esas auditorías puede impactar en el prestigio del sector.

En el trasfondo de la situación están las prisas por el retraso en aprobar la normativa -más de 3.700 grandes compañías tienen que estar auditadas antes del 14 de noviembre y han de repetir el proceso cada cuatro años- y el hecho de que muchas empresas lo consideren un coste añadido, en vez de una oportunidad para dejar de desperdiciar energía y mejorar notablemente la cuenta de resultados. Por otro lado, el mecanismo inspector no está nada claro, aunque las sanciones, que llegan a 60.000 euros, ya estén tipificadas.

Competencia autonómica
Las competencias inspectoras de las auditorías recaen en las comunidades autónomas. Ahora bien, según la regulación, éstas sólo tienen conocimiento de las instalaciones ubicadas en su territorio; es Industria el que recibe los datos de todas las comunidades autónomas para incorporarlos al registro correspondiente y el que obtiene la foto final.

Por lo tanto, es Industria el que puede saber si una empresa ha auditado el 85 por ciento de sus consumos, como exige la normativa, y el que debería informar a las comunidades autónomas de las anomalías. Éstas, posteriormente, tendrían que comprobar cómo están las instalaciones de esa empresa en su territorio, pero aún no se sabe cómo lo van a hacer. Las patronales sectoriales les están preguntando, pero ninguna indica cómo piensa actuar. Algún interlocutor indica que el resultado es una ruptura del mercado nacional, porque cada autonomía obrará a voluntad.

Además, el sistema se presta al fraude: si la empresa auditada no invierte para obtener ahorros energéticos que puedan medirse, algo a lo que no está obligada, es imposible saber si la auditoría estaba bien hecha, a menos que se repita.

La sensación final es que todo se está conjurando para que las auditorías, como ha ocurrido con los certificados energéticos de los edificios, sean prácticamente inútiles




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