El certificado de eficiencia energética será obligatorio para vender o alquilar una vivienda a partir del próximo 1 de junio

El certificado de eficiencia energética será obligatorio para vender o alquilar una vivienda a partir del próximo 1 de junio El Gobierno obligará a partir del próximo 1 de junio a poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética, al tiempo que concederá ayudas directas y préstamos blandos para mejorar la eficiencia energética de los edificios, incluido el cambio de caldera y la sustitución de la energí­a convencional por biomasa o de origen geotérmico. El objetivo es «favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energí­a». EUROPA PRESS – EFE MADRID 05 / 04 / 2013 El Consejo de Ministros aprobó, dentro de las medidas de apoyo a la vivienda y rehabilitación adoptadas, un Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios y completa el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. La portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamarí­a, anunció estas actuaciones dentro de un conjunto de medidas para avanzar en la eficiencia energética, la rehabilitación y la renovación de las viviendas. Ello implicará una inversión de 2.500 millones de euros, de los que 1.500 millones se destinarán a facilitar el acceso a la vivienda y 627 millones a la rehabilitación y eficiencia energética. Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las caracterí­sticas energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de éste, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios. Como herramienta para facilitar la obtención de estos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energí­a y Turismo y del Ministerio de Fomento, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energí­a (IDAE) elaboró los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como documentos reconocidos a disposición de los técnicos certificadores. Además, el IDAE se encargó de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X. El IDAE también se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente. Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 metros cuadrados inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética. Así­, el complejo Cuzco que alberga a los Ministerios de Industria, Energí­a y Turismo, Economí­a y Competitividad y parte de Hacienda y Administraciones Públicas, ya fue calificado mediante el programa informático de referencia obteniendo la calificación energética «C». Además, el Ejecutivo aprobó un Real Decreto encaminado a mejorar la eficiencia energética y la utilización de las energí­as renovables en los edificios que permitirá, entre otras actuaciones, ayudas directas al cambio de calderas. Con una dotación de cien millones de euros para 2013, el IDAE promoverá la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energí­as renovables. De este modo se incentivar a propietarios y comunidades de vecinos en el ahorro de la factura de la luz, mediante ayudas o préstamos «muy razonables», en palabras de la vicepresidenta del Gobierno. Las ayudas directas se elevarán al 20% del valor de la obra en la mejora de la eficiencia energética de las fachadas de los edificios y de las calderas. A ello se sumarán créditos blandos (Euribor más cero) que pueden llegar hasta el 80% o 100% del valor en el caso de sustituir la energí­a tradicional por biomasa o por energí­a geotérmica. Así­, podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente y las personas fí­sicas propietarias de un edificio de viviendas unifamiliar. Además, se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas siempre que comprendan una o varias de las siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio o viviendas afectadas. Entre estas medidas, figuran la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes y de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes. Asimismo, se recogió la opción de la sustitución de energí­a convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existente y la sustitución de energí­a convencional por energí­a geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes. La dotación económica del plan se repartirá equitativamente entre las cuatro tipologí­as de actuaciones anteriores. Un espaldarazo para el sector de la construcción Las medidas de rehabilitación y eficiencia energética de las edificaciones españolas, aprobadas por el Gobierno, son un espaldarazo para el sector de la construcción y un beneficio para toda la sociedad, declaró la secretaria general del Colegio de Arquitectos de Madrid, Pilar Pereda. La aplicación de la normativa, precisó, favorecerá la generación de empleo y redundará en mejores condiciones de vivienda y un mayor ahorro para la población. «Este conjunto de medidas impulsará la generación de empleo en el sector inmobiliario y en las empresas, industrias y servicios que acompañan a la construcción y empezará a ofrecer, a compradores y arrendatarios, el valor energético de su vivienda, como un gran beneficio social», dijo. La certificación energética que prevé la norma, explicó, se asemeja a la que ya reciben los principales electrodomésticos de uso cotidiano, que añaden valor al aparato, por lo que su precio se encarece «un poco». Aunque con un retraso de siete años, precisó Perea, la directriz es «un buen paso» que se podrá acompañar en el futuro con obligaciones en vez de recomendaciones. Este certificado, además de la calificación energética, en una escala de A («ahorro») a G («gasto»), deberá incluir información objetiva sobre las caracterí­sticas energéticas y «recomendaciones» para mejorarlas, en el caso de los inmuebles existentes. El Informe de Evaluación en el que se incluye la certificación energética sólo se exigirá a viviendas con más de cincuenta años que no hayan pasado la Inspección Técnica, obligatoria cada 15 años. Una buena gestión energética puede significar un 70% de ahorro en la factura de una vivienda promedio, aseguró Pereda, para quien queda pendiente acortar la fecha de evaluación de las viviendas hasta al menos 30 años, coincidiendo con la primera ley española que regulaba las condiciones térmicas de los edificios, emitida en 1979. Los datos oficiales revelan que el parque de viviendas supone el 17 % de toda la energí­a que se consume en el paí­s, cerca del 60 % de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia energética y el 38 % de los españoles declara no estar satisfecho con el aislamiento (frí­o/calor) de su hogar, según informó la ministra de Fomento, Ana Pastor. Está previsto que la nueva certificación la emitan arquitectos, aparejadores, ingenieros y peritos.