Industria aprobará «próximamente» la regulación sobre el autoconsumo eléctrico con el peaje de respaldo

El ministro de Industria, Energí­a y Turismo, José Manuel Soria, avanzó que el real decreto que regula el autoconsumo de energí­a, una normativa que está pendiente desde la aprobación de la reforma eléctrica en julio de 2013, «verá próximamente la luz» y defendió la necesidad de un peaje de respaldo. Durante su intervención ante la Comisión de Industria, Energí­a y Turismo del Congreso de los Diputados, Soria dejó claro que el Gobierno «es partidario del autoconsumo», pero siempre y cuando el autoconsumidor financie las redes y detalló que no pagará por la energí­a que produzca, pero sí­ por los costes de respaldo del sistema y por los peajes si usa las redes. De este modo, tal y como estaba previsto, la regulación de esta actividad incluirá un recargo para los autoconsumidores que estén conectados a la red, con el objetivo de que contribuyan a sufragar las infraestructuras y servicios de los que disfrutan. «Si ese autoconsumidor se engancha a la red que está financiada por todos los consumidores es lógico, normal y justo que el autoconsumidor también contribuya», dijo. El titular de Industria señaló que el autoconsumidor debe pagar por esos costes correspondientes al respaldo del sistema y por el peaje «si usa o piensa usar las redes», ya que si no contribuye serí­an el resto de consumidores «los que verí­an incrementada la factura de la luz para ello». Asimismo, reiteró que los titulares de instalaciones aisladas, es decir, las que no están conectadas a la red, no tendrán que pagar este peaje. Por otra parte, Soria consideró «más que razonable» el hecho de que se haya modificado la ponderación entre parte fija y variable de la parte regulada de la factura eléctrica, con el objetivo de favorecer a los mayores consumidores, que a su juicio son familias con hijos y las primeras viviendas. «Esta reponderación no supone un incremento en la factura», defendió, sino «una transferencia de consumidores a favor de aquellos que más consumen», que se realizó de forma progresiva «en las últimas órdenes de peaje», frente a las segundas viviendas y viviendas vací­as, beneficiadas con la situación anterior. Las subastas disminuyen el coste de la interrumpibilidad En relación a la interrumpibilidad, es decir, los pagos a industrias electrointensivas por desconectarse del sistema cuando este lo necesita, Soria apuntó que ya se trabaja en una regulación para este año, «que se basará en principios competitivos». En 2014, por primera vez el servicio de interrumpibilidad se adjudicó mediante subasta, lo que generó cierta polémica cuando algunas grandes industrias que tradicionalmente habí­an disfrutado de esta retribución no lograron entrar en la primera fase de la puja. Soria destacó que las industrias electrointensivas «se han visto beneficiadas» por las nuevas subastas que, «además de ser más equitativas, han permitido disminuir el coste de este servicio para el conjunto del sistema eléctrico». Por ello, defendió su importancia y aseguró que, cuanto menor sea el coste por este servicio, puede producirse incluso una situación de «superávit en el sistema». No consta «ninguna irregularidad» sobre el ATC Asimismo, el ministro señaló que, en base a la documentación presentada por Enresa, a Industria no le consta «ninguna irregularidad» en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Respecto a la petición de información adicional por parte del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Enresa, Soria apuntó que en todo proceso de licenciamiento es «habitual» que este organismo requiera a los licenciatarios «información adicional o aclaraciones». En esta lí­nea, recalcó que «no estamos hablando de ningún tipo de petición excepcional», y avanzó que las previsiones son que la concesión de autorización previa esté lista a finales del primer semestre de este año, mientras que la autorización para la construcción podrí­a tener lugar «antes de finalizar el presente año». Sobre la tramitación de la autorización previa para el emplazamiento del ATC, que concede Industria mediante orden ministerial, el ministro precisó que ésta requiere de un informe «previo, preceptivo y vinculante» por parte del CSN, así­ como de una declaración de impacto ambiental por parte del MAGRAMA, que aún están pendientes. Soria estimó que el importe máximo de licitación de la obra civil es de 217,7 millones de euros, que pagarán las centrales nucleares, instalaciones que generan residuos de alta actividad y combustible gastado. El presupuesto total ronda los 800 millones de euros. Además, señaló que se han presentado ocho ofertas que ahora están en fase de evaluación. También recordó que la financiación del mismo, al igual que con los costes de la gestión del combustible gastado y de los residuos radiactivos generados por las nucleares, correrá a cago del Fondo para la financiación de actividades del Plan general de residuos radiactivos, un fondo que se nutre de las tasas que se imputan a los titulares de las atómicas en operación. El titular de Industria también valoró la «amplia experiencia» y la «solvente trayectoria» del nuevo presidente de Enresa, Juan José Zaballa, quien sustituyó en febrero a Gil-Ortega en el cargo. «Cuenta con toda la confianza del Gobierno y de Industria», agregó. Con Garoña se actuará conforme dicte el CSN Sobre la situación de la central nuclear de Santa Marí­a de Garoña (Burgos) tras la solicitud de la ampliación de su vida útil, Soria sostuvo que en este caso, como en el resto, se actuará «conforme a lo que dictamine el CSN», de acuerdo a las exigencias existencias y adicionales derivadas de la gestión «posFukushima». Por otra parte, sobre los proyectos de fracking, Soria defendió las modificaciones de la Ley de impacto ambiental y de evaluación ambiental, si bien dijo ver «totalmente compatible» la defensa del medio ambiente con las explotaciones de recursos energéticos de este tipo. El ministro indicó que, como cualquier otra actividad industrial, la fractura hidráulica «no está exenta de riesgos» pero estos son «gestionables» y, a su vez, señaló que la protección de las personas y el medio ambiente está garantizada por un «sólido y riguroso» procedimiento de impacto medioambiental. Con carácter preceptivo y vinculante, en la autorización de cada trabajo, se establecen las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar seguridad medioambiental, detalló el responsable de Industria. «Esos procedimientos los aprueba el Gobierno pero son elaborados por técnicos del MAGRAMA, que están allí­ no porque haya un Gobierno u otro, sino porque tienen capacidades más que acreditadas para desempeñar las funciones», valoró. Además, puntualizó que la Dirección General de Polí­tica Energética y Minas no emitió ninguna autorización para la realización de campañas sí­smicas marinas en las costas de Cataluña y Baleares, ante la posible prospección sí­smica con cañones de aire comprimido que habrí­a realizado la empresa Seabird Exploration en abril de 2013. En todo caso, matizó que si no se rige por la normativa competente a Industria escaparí­a a la competencia del Ministerio, y que tampoco se ha incoado procedimiento sancionador alguno «por no haberse apreciado elementos necesarios para ello». «No se ha concluido el examen exhaustivo de los antecedentes recabados», agregó.