Noticias del sector 28/11/2016
Analizan el coste-beneficio que tendría refacturar a 15 millones de domésticos el nuevo margen comercial aprobado por el Gobierno y no descartan recurrir dicho margen por considerarlo insuficiente . Las eléctricas se están planteando no refacturar la luz a sus clientes Usuario eléctrico revisando sus facturas. () El viernes el BOE publicó el real decreto con la nueva metodología de cálculo del margen comercial (o beneficio) de las comercializadoras de referencia que son esencialmente las filiales de las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo). Con esta norma, el Ministerio de Energía da cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Supremo. Las eléctricas habían recurrido el real decreto de abril de 2014 por el que se creaba el precio de venta al pequeño consumidor (PVPC) al que debían suministrar dichas comercializadoras a los pequeños consumidores (los que tienen potencias inferiores a los 10 kW) porque el margen comercial se había fijado arbitrariamente y su cálculo no respondía a una metodología elaborada por la CNMC. Concretamente, cuatro euros al año por kW de potencia contratada, por lo que un usuario con 3,3 kW ha pagado hasta ahora, 17,6 euros anuales. Aunque el real decreto publicado el viernes no desvela el coste del nuevo margen comercial de estas empresas (el ministerio lo incluirá en una futura orden ministerial), sí se sabe que es superior al actual, aunque más cerca de los 4,2 euros propuestos por Guindos mientras ocupó el cargo de ministro de Industria en funciones, que de los 5,7 euros calculados por la CNMC. Y, tal como aseguró el Gobierno la semana pasada las empresas podrán refacturar la diferencia desde 2014 a los 15 millones de clientes afectados, de los cuales, unos tres millones se han pasado al liberalizado. La mayor de las compañías del sector, Endesa, se estaría planteando no refacturar la luz a sus clientes, según fuentes empresariales. Por varios motivos: porque las cantidades son tan reducidas que quizás no compense el trámite del cobro pues requiere cambios en el sistema informático y porque muchos de esos clientes han pasado al mercado libre y, aunque la norma le permite cobrarles, aquellos podrían no pagar alegando que ya no es su comercializadora y la reclamación resultaría imposible. El usuario medio con 3,3 kW de potencia, pagaría 60 céntimos al año o 1,5 euros desde 2014. En otras compañías del sector reconocen también estar analizando el coste-beneficio de la refacturación antes de decidir si la aplicarán o no. Otro coste sería el derivado de gestionar las reclamaciones. La duda se despejará cuando se conozca la orden ministerial que fijará los procedimientos. Y aunque en el sector, que no atraviesa su mejor momento desde el punto de vista reputacional, se alude también al coste de imagen, lo cierto es que los abogados de las empresas están preparando ya recurso contra el real decreto del viernes y la correspondiente orden ministerial al considerar que Energía ha hecho caso omiso de la propuesta de la CNMC. De hecho, en Iberdrola dicen estar preparados tanto para refacturar, en su caso, como para dar batalla legal una vez se conozcan los detalles de la orden, indican fuentes del sector. La CNMC tiene la potestad legal para elaborar las metodologías de cálculo de los precios regulados. Lo cual indica que las empresas saben o sospechan que el margen aprobado por Energía, aún sin desvelar, no es el calculado por la Comisión, sino el propuesto por Guindos. El sistema registró un superávit de 469 millones en 2015 La Sala de Supervisión regulatoria de la CNMCaprobó el pasado jueves la liquidación definitiva del sistema eléctrico correspondiente a 2015. Según fuentes próximas al organismo, el saldo final arroja un superávit de 469 millones de euros, una cifra por debajo de lo previsto. La CNMCaprueba 14 liquidaciones mensuales por cada ejercicio (desde enero del año en curso hasta marzo del siguiente) y una última y definitiva en el mes de noviembre del año siguiente. De ahí que ahora se haya aprobado la de 2015. Aunque en la liquidación 14 aprobada el pasado marzo, el superávit fue de 251 millones, aun faltaba por ser conatbilizados los ingresos fiscales (procedentes de los impuestos energéticos) y del canon hidráulico. Entonces se preveía un excedente de unos 800 millones de euros, que han quedado en los citados 469 millones. Teniendo en cuenta que el superávit de 2014 fue de 550 millones, el acumulado en estos dos años asciende a 1.019 millones. Esta cantidad permanece en una cuenta corriente de la CNMC esperando destino. La Ley Eléctrica obliga a destinar los excedentes del sistema amortizar la deuda eléctrica acumulada (aún 24.000 millones) y no permite utilizarlos para bajar los peajes eléctricos. Sin embargo, el Gobierno aún no ha desarrollado un reglamento para poder amortizar deuda. El Ministerio de Energía elabora en estos momentos los peajes eléctricos para 2017 con el objetivo de congelarlos. Entre los costes deberían figurar los 500 millones que hay que devolver a las eléctricas por el bono social, tal como exige el Supremo. Sin embargo, el ministerio ha recurrido la sentencia para ganar tiempo.