El Gobierno aprueba 600 millones en avales para la industria electrointensiva
El Consejo de Ministros ha aprobado el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (Fergei), dotado con 600 millones de euros durante tres años, para cubrir por cuenta del Estado los riesgos derivados de los contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA en inglés) de la industria electrointensiva.
El Fergei es una pieza clave del futuro Estatuto del consumidor electrointensivo que está dotado con 200 millones anuales, para cubrir, como máximo, 600 millones en tres años, aunque luego podrá prorrogarse. Para que las industrias puedan obtener las garantías para PPA, deberán contratar al menos por cinco años un 10% de su consumo anual.
La gestión y administración del Fergei se atribuye al Consorcio de Compensación de Seguros y de gestionar los riesgos se encargará la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), por su larga experiencia en la materia, concretada en el apoyo a la internacionalización.
De acuerdo con la memoria del borrador de la norma publicado en febrero, las garantías que suele pedir el vendedor al consumidor electrointensivo rondan los 5 euros el MWh contratado. El espectro del coste financiero del aval de Cesce podría ser muy amplio y oscilar entre el 2% y el 10% de esos 5 euros por MWh garantizados, dependiendo de la calidad crediticia del consumidor electrointensivo.
Ello supondría un coste para los potenciales 612 consumidores electrointensivos de 0,1 a 0,5 euros por MWh, algo que la memoria considera «muy asumible», frente a una potencial rebaja en el entorno de los 10 a 12 euros por MWh en el precio de la energía eléctrica. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo estima que el 80% de los consumidores electrointensivos podría firmar contratos de este tipo por diez años.
«Con la creación del fondo cumplimos el compromiso político de apoyo al sector industrial electrointensivo», señala la ministra del ramo, Reyes Maroto; «es una medida clave para ayudar a la gran industria a rebajar su factura energética alcanzando un precio estable, y a hacerla más competitiva; a la vez, da seguridad y certidumbre para impulsar las inversiones en las plantas».
Las empresas dudan de su utilidad a corto plazo
La patronal de los grandes consumidores de electricidad (Aege) considera que los avales pueden ayudar a algunas empresas, «pero el problema mayor sigue siendo los precios que nos ofertan a un horizonte tan largo», según su director general, Fernando Soto, quien explica: «en la actualidad, el precio que ahora ofrecen para PPA está muy en línea con mercado (Cal 21, a 42,6 euros por MWh) y no con el coste de la tecnología», en alusión a los precios de 20 euros por MWh de las subastas de renovables celebradas en Portugal en 2019.
«Para fomentar la contratación a largo plazo (5 – 10 años), necesitamos precios competitivos asociados al coste medio de generación», añade. Luego especifica: «es una medida que no servirá para reducir a corto plazo el diferencial de precio con nuestros principales competidores».
Aege demanda que se se apruebe una compensación del CO2 indirecto en su cuantía máxima, de 275 millones, que se convoque una subasta de interrumpibilidad para el segundo semestre, con 2.000 MW de potencia interrumpible, y mejorar el proyecto de Estatuto de los consumidores electrointensivos, siguiendo sus alegaciones propuestas al proyecto de real decreto