Anticorrupción acusa a Iberdrola de ganar 20 millones al manipular el precio de la luz

El fiscal lleva ante un tribunal penal a la eléctrica por obtener un «lucro ilí­cito» Iberdrola urdió un plan para alterar el precio de la luz y obtener -œun lucro ilí­cito de 20 millones- durante el invierno de 2013 y coincidiendo con una ola de frí­o, según afirma el fiscal anticorrupción Antonio Romeral en la denuncia que ha presentado en la Audiencia Nacional contra los responsables de la compañí­a. Iberdrola asegura que está -œprestando toda su colaboración- al juez instructor Ismael Moreno y niega -œhaber realizado manipulación fraudulenta alguna-. Competencia multó a la eléctrica en 2015 por estos mismos hechos con 25 millones. El juez ha admitido ya la denuncia de Anticorrupción. Es la primera vez que la Fiscalí­a Anticorrupción lleva a los tribunales penales a una eléctrica; en este caso -œpor un delito contra el mercado y los consumidores del artí­culo 281 del Código Penal-, explica el fiscal. En los periodos más crudos de los últimos inviernos las asociaciones de consumidores han alzado la voz contra las subidas de la tarifa eléctrica. La compañí­a defiende que en este asunto -œsu comportamiento fue perfectamente racional y legí­timo- y que Competencia interpretó los hechos -œde una manera sesgada e incorrecta-. Los hechos que investiga ahora el juez Ismael Moreno se produjeron entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Ya entonces la presunta manipulación derivó en un escándalo que obligó al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios de la luz. Tras investigarla, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 25 millones de euros a Iberdrola en noviembre de 2015, al considerar probada la manipulación. El organismo de competencia determinó que la eléctrica habí­a alterado fraudulentamente el mercado incrementando el precio de la oferta de las centrales hidráulicas de los rí­os Duero, Sil y Tajo, que le pertenecen. Iberdrola interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, pendiente de ser resuelto. La Guardia Civil, siguiendo instrucciones del juez Moreno, ha registrado las sedes de Iberdrola en Bilbao y Madrid en busca de la documentación sobre este presunto fraude. Iberdrola asegura que ha facilitado toda la información requerida por los agentes y que básicamente es la misma que ya entregó a la CNMC. La compañí­a recuerda también que la Audiencia Nacional anuló en 2012, en ví­a administrativa, la única sanción, 2,4 millones de euros, impuesta a Iberdrola y basada en el mismo tipo sancionador. -œLa anulación se basó en la falta de prueba de los elementos que requiere la infracción, que tampoco se ha probado en el caso presente-, añade un portavoz. El fiscal Antonio Romeral destaca en su denuncia que Iberdrola -œcon la finalidad de lucrarse ilí­citamente, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energí­a que vendí­a, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda-. Según Anticorrupción, la empresa aumentó el precio en las ofertas de energí­a eléctrica de sus centrales hidráulicas del Duero, Sil y Tajo -œa un nivel por encima del precio del mercado diario-. Y lo hizo, señala el fiscal, -œsin causa legí­tima que lo justificara-. Ese aumento por encima del precio de mercado -œimpedí­a casar las operaciones-, es decir, sacó de la negociación de la subasta eléctrica la producción de esas centrales. El sistema de fijación del precio de la electricidad en el mercado mayorista funciona como una subasta, en la que cada productor va entrando con un precio determinado y se van cruzando la oferta y la demanda (casación). La última central que participa, la más cara, marca el precio que luego cobran todas. Si se oferta menos energí­a, por ejemplo porque algunas centrales retiran sus ofertas, el precio se encarece. Según el fiscal, al retirar la producción de las hidráulicas, las compras se casaron con la energí­a procedente de las centrales de ciclo combinado, a un precio superior. El artí­culo 281 del Código penal -œsanciona- al que -œdetrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores-. Y contiene un castigo que oscila entre uno y cinco años de cárcel y multa. La consecuencia -œdel artificio urdido y llevado a cabo por Iberdrola fue la subida del precio de la energí­a eléctrica en, aproximadamente, siete euros megavatio/hora, que aplicados a la energí­a programada y vendida por la denunciada en el perí­odo temporal antes referido -”2.965 GWh-”, le supuso un beneficio superior a los 20 millones de euros-, destaca el fiscal. La compañí­a, por su parte, asegura que -œno obtuvo ningún beneficio- ni tuvo -œintención de tenerlo- con esta operación, -œya que tení­a una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tení­a ningún interés en que se incrementara dicho precio-. Anticorrupción pide al juez -œque reciba declaración como investigado- al representante legal de Iberdrola, que solicite los informes y la resolución de la CNMC sobre el caso y que Red Eléctrica de España, que gestiona la red de transporte de electricidad, -œaporte una certificación sobre promedio semanal de reservas hidráulicas de los rí­os Duero, Sil y Tajo en las semanas 44 a 52 de los años 2011, 12, y 13-. También solicita información al Operador del Mercado Ibérico de Energí­a (OMIE) sobre las ofertas presentadas por varias compañí­as en esas fechas. El fiscal quiere que la OMIE y las compañí­as que participaron en la subasta certifiquen, en el periodo investigado, -œla oferta despachada y no despachada por bandas de precio de 10 euros MW/h-. También reclama que se certifiquen -œlas ofertas diarias de energí­a realizadas- por las productoras -œque intervienen en ese mercado de sus centrales de ciclos combinados-. LAS SIEMPRE POLí‰MICAS SUBASTAS DEL PRECIO DE LA LUZ El Gobierno decidió cambiar el sistema de fijación del precio de la luz después de la escalada de precios a la que apunta la denuncia de Anticorrupción. A finales de 2013, el Gobierno suspendió las llamadas subastas Cesur, trimestrales, con las que hasta entonces se fijaba la llamada Tarifa de íšltimo Recurso (TUR), la que determinaba el precio de la luz para 19 millones de consumidores, al darse cuenta de que eran manipulables. La última subasta Cesur, en 2013, incrementó el precio un 26,5%, que suponí­a más de un 10% de subida en la factura final del consumidor. El precio de la luz depende en parte del precio mayorista de la electricidad, conocido como pool. En el recibo que llega a las casas, el pool tiene un peso aproximado del 35%. Los peajes (primas y subvenciones, transporte de la electricidad-¦) suponen otro 40% y el 25% restante corresponderí­a a los impuestos, principalmente el IVA. Ahora los precios del pool se negocian a diario con un sistema que cruza la oferta y la demanda cada hora. Los precios del mercado mayorista, que gestiona el Operador del Mercado Ibérico de Energí­a (OMIE), se negocian a diario. A él acuden los productores, por un lado, y los grandes consumidores, las comercializadoras y las distribuidoras de energí­a. Es un proceso de oferta y demanda, en el que se hace un proceso de casación entre ambas para cada hora y cada dí­a. El pool es un mercado llamado marginalista. Cada central productora de electricidad va entrando con un precio determinado y se va cruzando la oferta y la demanda. La última central que participa, la más cara, marca el precio que luego cobran todas. Es decir, al final, todas las centrales, sin importar el precio que les ha costado producir esa electricidad, cobran lo que cuesta la más cara. Si se oferta menos energí­a, por ejemplo porque algunas centrales retiran sus ofertas, el precio se encarece. El Cesur funcionó desde junio de 2009 hasta finales de 2013. El Gobierno querí­a que el precio resultante de esa subasta trimestral fijara la llamada Tarifa de íšltimo Recurso (TUR), la que determinaba el precio de la luz para 19 millones de consumidores durante los tres meses siguientes. El Gobierno tuvo que suspender la subasta del 19 de diciembre de 2013. Se encontraron -œmovimientos anómalos- en su ejecución. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) abrió expediente informativo y en 2015 consideró probado que Iberdrola manipuló los costes en un contexto de altos precios en el mercado y un escenario de elevada demanda. Esa subasta arrojó un inesperado aumento del 26,5%, que repercutirí­a en la factura final que paga el consumidor con un incremento del 10,5%. Se producí­a después de cuatro aumentos anteriores.