El Gobierno castiga al autoconsumo eléctrico al encarecer su coste

Las nuevas tarifas que prepara el Gobierno y que ya se conocen como tarifa plana, porque se cobrará más aunque no se consuma, penalizan duramente a las instalaciones de autoconsumo porque pierden atractivo y tardarán entre 5 y 23 años más en amortizar la inversión, lo que hace prácticamente inviable su desarrollo. Así­ lo explicó ayer el director general de Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, tras una rueda de prensa conjunta de las asociaciones de renovables para denunciar el impacto de la reforma energética. Además, aprovechó para advertir que los cambios normativos «conllevan la paralización del autoconsumo energético y contravienen las Directivas europeas de fomento de energí­as renovables». También lamentó que el Ministerio de Industria «ha acabado con la oportunidad de competencia» que tení­a el sector eléctrico, al impedir cualquier instalación con fines de autoconsumo. ¿Mismos peajes? Donoso criticó que se obligue a que el autoconsumidor pague los mismos peajes que otro consumidor para costear la totalidad de las redes aunque no las use e insistió en que las nuevas tarifas lanzan señales de ineficiencia porque el coste de la electricidad será independiente del consumo que se realice. Además de Unef, la Asociación de Productores de Energí­as Renovables (APPA), Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energí­as Renovables (Anpier) y Protermosolar hicieron hincapié en la inseguridad jurí­dica de los cambios normativos. «Es la contrarreforma», apuntaron. El presidente de Appa, José Miguel Villarig, advirtió sobre los problemas de algunos proyectos con la banca al no poder atender la deuda asociada y cifró en 40.000 millones de euros el apalancamiento de todo el sector de renovables, donde la fotovoltaica se encuentra en una exposición mayor a las tensiones financieras. Además, señaló que es un Real Decreto Ley «recaudatorio» y mostró su preocupación porque «no se habla del futuro» de la regulación, lo que agrava la inestabilidad y recordó que «el mayor problema es la dependencia energética». Por su parte, el secretario general de Protermosolar, Luis Crespo, se mostró «tranquilo» ante la posibilidad de que se puedan cerrar sus instalaciones por resultar caras, tal como indica el Real Decreto para las renovables. En su opinión, el coste de esta energí­a y su aportación en generación están muy igualados. Con todo, valoró positivamente que la reforma aspire a dar una estabilidad regulatoria al acabar con el déficit de tarifa, pero también lamentó que no se realice una auditoria de costes de la energí­a nuclear, que «está totalmente amortizada». Miguel íngel Martí­nez-Aroca, presidente de Anpier, mostró una copia del Boletí­n Oficial del Estado con la regulación del 661/2007 y la rompió para escenificar lo que supone la reforma. «España se ha puesto a la altura de un paí­s tercermundista», dijo, para a renglón seguido recordar las crí­ticas del Gobierno a la inseguridad jurí­dica argentina en el caso de Repsol. Por último, recordó todos los recursos jurí­dicos ya en marcha contra los recortes del Gobierno y quiso dejar claro que el sector tomará todas las medidas a su alcance para defender sus intereses, al tiempo que pidió a las comunidades autónomas que presenten recursos de inconstitucionalidad.