Estas cifras aparecen recogidas en el informe de ingresos y costes del sistema eléctrico para el ejercicio 2015 elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como en la última auditoría del Fondo de Titulización de Activos Resultantes de la Moratoria Nuclear. En su informe, la CNMC indica que los consumidores de electricidad costearán de forma fraccionada lo que queda de deuda nuclear hasta el 31 de agosto, con el objeto de que en septiembre se realice el último pago y que en octubre quede «amortizado totalmente» el último de los préstamos de la moratoria. Esta moratoria supuso una indemnización aprobada en 1984 por el Gobierno de Felipe González para indemnizar a los promotores de los proyectos de tres centrales nucleares cuya construcción había quedado suspendida. En concreto, la medida afectó a las plantas de Lemóniz, Valdecaballeros y Trillo II. La compensación se pagó de una sola vez a cuatro empresas y se distribuyó a razón de 2.273 millones para Lemóniz, 2.043 millones para Valdecaballeros y 66 millones para Trillo II. La central de Lemóniz era propiedad de Iberdrola al 100%, mientras que Valdecaballeros estaba participada en un 48,08% por Iberdrola y en un 51,9% por Sevillana de Electricidad, filial de Endesa. En Trillo II participaban Unión Fenosa (Gas Natural Fenosa) (63,6%) y Endesa (36,3%). El pago de la compensación fue asumido por el fondo de titulización de la moratoria nuclear, creado en 1996, con el objeto de que la cifra total quedara sufragada a través de la tarifa eléctrica durante 25 años a partir de 1995, hasta el 2020, mediante un porcentaje inferior al 3,54%. Posteriormente, los gestores del fondo certificaron que el ritmo de amortización había sido más rápido que el inicialmente previsto y fijaron para 2015 el vencimiento final de la deuda. Esta aceleración en los pagos, explica el fondo en su auditoría, es fruto de los aumentos de la demanda y de la reducción de los tipos de interés en los primeros años del siglo. Ante esta circunstancia, en abril de 2006 entró en vigor un real decreto que fijó en el 0,33% el porcentaje de la tarifa eléctrica con destino específico para la moratoria y que situó en 2015 la amortización final de la deuda eléctrica, fecha que acaba de ratificar la CNMC en su informe de la semana pasada.
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