Giro estructural en el sector energético. El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de Ley que pretende sacar del recibo eléctrico el coste de las primas a las energías renovables para abaratar la parte fija de la factura de la luz a hogares y empresas.
Este coste asciende a alrededor de 7.000 millones de euros anuales, correspondientes a inversiones realizadas en la primera década de siglo al calor de los incentivos públicos. El objetivo del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera es abaratar hasta un 13% el recibo para hacer más competitiva a la electricidad frente a otros combustibles más contaminantes.
La gran cuestión es: ¿Quién pagará esa cantidad cuando se aprueben los cambios? El anteproyecto prevé la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que se nutrirá de aportaciones de empresas energéticas en función de sus ventas de electricidad, gas y otros combustibles. Según un primer cálculo, el coste inicial recaerá sobre cerca de mil compañías.
Éstas tendrán luego vía libre para trasladar el nuevo coste a sus clientes, aunque fuentes de Transición Ecológica explican que esto dependerá del mercado en el que operen y de su nivel de competencia. «Pueda que haya empresas que decidan no repercutirlo o que no puedan porque les supondría perder cuota de mercado», explican.
En todo caso, el cambio implica repartir un coste que ahora mismo sufren solo los consumidores eléctricos entre el conjunto de los consumidores energéticos. Es decir, una consecuencia será que subirá el precio de los combustibles para automoción, por ejemplo, aunque en el Gobierno no le dan mucha importancia porque su objetivo realmente es potenciar la electrificación de la economía frente a las energías más contaminantes. También subirá el precio de la luz en el mercado liberalizado en función de lo que decida cada empresa, mientras que el Gobierno revisará al alza el margen de las comercializadoras que suministran el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), la antigua tarifa regulada.
Ribera lleva meses trabajando en esta reforma y en su ‘blindaje’ legal frente a la esperada avalancha de recursos por parte de las empresas energéticas. El cambio había sido reclamado insistentemente por las eléctricas durante los últimos años, que veían este cargo como una especie de impuesto que condenaba al país a sufrir uno de los recibos más caros de la Unión Europea. No obstante, estas pedían que fuera trasladado a los Presupuestos Generales del Estado al entender que se trataba de una política pública de apuesta por las renovables.
El cambio pretende también blindar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico, que ha vuelto a sufrir un déficit de ingresos en los últimos años lastrado por la caída de la demanda de luz y la pérdida de eficiencia de los impuestos aprobados en la reforma eléctrica de 2013. Estos tributos recaían sobre tecnologías en declive como el carbón o la nuclear, por lo que su capacidad recaudatoria ha perdido fuerza en los últimos años.
«La certidumbre es clave para atraer las inversiones que el país necesita para reducir las emisiones contaminantes. No queremos que haya ninguna duda sobre la sostenibilidad financiera del sector eléctrico», apuntan fuentes próximas al Ejecutivo tras cerrar 2019 con un déficit de 527 millones.
El objetivo es que el anteproyecto visto esta martes por el Consejo de Ministros sea aprobado como Proyecto de Ley en las próximas semanas y sea tramitado por las Cortes durante el primer semestre de 2021. Esto permitiría sacar ya ese mismo ejercicio una parte de los 7.000 millones, aunque el objetivo es completar el trasvase en un periodo de cinco años.
